El 13 de mayo del 2012, se registró una petición en la plataforma de Internet que la Casa Blanca tiene para sus ciudadanos, “We the People”, con el siguiente título: “Exigir el libre acceso a través de Internet a artículos de revistas científicas derivadas de la investigación financiada por los contribuyentes”.
A finales de febrero del 2013, John Holdren, jefe de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca, dio respuesta a esta petición por esta misma plataforma, que ha levantado celebraciones, sorprendentes apoyos y más de una polémica.
Básicamente, Holdren anunció que el gobierno impulsaría un reglamento donde los artículos académicos producidos con presupuesto público serán de alcance general a través de Internet transcurrido un año desde su publicación en una revista científica. La medida tendrá lugar en todas las agencias del gobierno de EEUU que tengan un presupuesto para investigación superior a los US$ 100 millones. Así, estas últimas deben “desarrollar planes para hacer públicos y disponibles de manera gratuita los resultados publicados de la investigación financiada federalmente”.
La medida fue celebrada desde organismos como Creative Commons hasta por la editorial del New York Times, la que incluso cree que el plazo de un año puede ser muy largo y que las agencias deberían hacer todo lo que esté a su alcance para acortar el periodo para la liberación de los artículos.
Quizás sea el plazo del año el aspecto más polémico de todos pues, según muchos de sus críticos, refleja el triunfo del lobby de las editoriales científicas en la administración de Obama. Para Cristián Bravo-Lillo de Manzana Mecánica, en el mismo comunicado de Holdren se puede leer en entre líneas el poder del lobby, cuando dice:
“La Administración también reconoce que las editoriales proveen slotmaschinen spielen servicios valiosos, incluyendo la coordinación de la revisión entre pares, que son esenciales para asegurar una alta calidad e integridad de muchas publicaciones académicas. Es crítico que estos servicios sigan estando disponibles. Es también importante que la política federal no afecte negativamente las oportunidades de investigadores que no son financiados por el Gobierno Federal para diseminar los resultados de su investigación”.
Para Michael Eisen el triunfo del lobby de las editoriales científicas en la Casa Blanca es una mala señal porque, entre otras cosas, está sostenido sobre una falsa afirmación. Según demuestran los resultados de las revistas científicas que se han acogido completamente a los estándares del Open Access, no hay ninguna razón para decir que la calidad del sistema de selección de artículos, correcciones y publicación sea superior en una revista pagada por lo que tampoco se sostiene que sean esenciales para asegurar una alta calidad e integridad de las investigaciones.
El anuncio del gobierno de Estados Unidos no es aislado y eso, sin lugar a dudas, es una razón para celebrar, pues ya el año pasado hablábamos de las resoluciones del gobierno de UK luego del Informe Finch y también de las disposiciones de la Unión Europea en este sentido. Pero tampoco hay que apresurarse con este anuncio pues, por ejemplo, no habla específicamente de la adopción de licencias abiertas de derechos de autor. En cierto sentido, este anuncio como los otros de distintos gobierno es resultado del largo trabajo de los defensores del Acceso Abierto; pero aún es muy temprano para saber si realmente se transformará en una política sólida de Open Acces.